Oye, escucha esto: El expediente dice que una exoficial de la JCE firmó los libros de nacimiento de muchachos haitianos, incluso cuando sus padres estaban en el país sin papeles. Una fundación se inventaba los documentos y los imprimía en un cibercafé, según el expediente. Desde el lunes, seis de ocho personas están en líos legales, incluyendo empleados de la Junta Central Electoral (JCE), por estar metidos en un lío de falsificación de documentos y sacar actas de nacimiento para haitianos en Nizao, provincia Peravia.
Todavía hay dos que no han visto al juez: María del Carmen Arias Castillo, que era la jefa de la Oficialía del Estado Civil en ese lugar, y Dominga Valdez, que tenía una fundación que supuestamente falsificaba papeles para declarar a los niños haitianos.
Las autoridades desmantelaron este lío por dos denuncias en el Juzgado de Paz de Nizao, que metió la directora del hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez. La doctora se quejó porque alguien falsificó su firma para hacer cuatro certificados de nacido vivo, con los que la Oficialía de la JCE sacó igual número de actas de nacimiento tardías para niños haitianos.
En su querella, la doctora Tavárez Álvarez señaló a los que movían los hilos en este lío, y el Ministerio Público lo confirmó. Dicen que empleados de la Junta Central Electoral estaban en el asunto, y sobre todo la jefa de la Oficialía, que según ellos "validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores".
La directora del hospital también dijo que Dominga Valdez, que anda prófuga, dueña de la fundación Aneadef, falsificó el sello del hospital y su firma para hacer certificados de nacido vivo. Estos papeles se hacían y escaneaban en el cibercafé Los Vegetales, que es de Stalin Balcón, y después los llevaban a la JCE para declarar a cuatro niños haitianos.
El expediente del Ministerio Público dice que para sacar las actas de nacimiento, Quilcy Paulino fue el 30 de enero de 2024 a la Oficialía de Nizao con cuatro certificados de nacido vivo del Hospital de Nizao, acompañada de Dominga Valdez, que se hacía pasar como la encargada de la fundación que ayudaba a declarar niños con discapacidad.
Ese día, dice el expediente, las recibió la exoficial del Estado Civil Arias Castillo, que después de ver los papeles escaneados, pasó el expediente a la empleada Elizabeth Mercedes García de Matos. Ella hizo tres recibos de declaraciones tardías de Paulino y después pasó el expediente al empleado Juan Javier Maríñez Guillén, que metió los datos y registró que el supuesto padre declarante, Amauris Rosario Aybar, fue y firmó, pero el hombre nunca apareció por la Oficialía. Además, el expediente dice que Rosario Aybar está en el sistema como muerto desde 1998.
El organismo de persecución dice que la jefa administrativa, Sujeyri Mercedes Sánchez, entró al sistema con el usuario de otra persona e imprimió un recibo de caja a nombre del "padre declarante".
El expediente también resalta que "el delito no se habría consumado sin la participación de la oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, que firmó los libros de nacimiento de los menores de nacionalidad haitiana, hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Además, Arias Castillo nunca entrevistó a los menores y validó documentos escaneados como soporte de los registros. Durante sus dos años en el cargo, tampoco visitó el hospital de Nizao, la iglesia ni el centro escolar, como era su deber para validar los registros tardíos".
La investigación determinó que:
"Conforme a la investigación del libro de registro de partos del hospital, no existen registros de esos nacimientos, lo que evidencia la falsificación de los certificados de nacido vivo", señaló la denunciante.
El padre William A. Rosario le dijo al Ministerio Público que él no emitió esas certificaciones y que los documentos presentados por los supuestos padres son falsos.
Por este lío, Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez tienen que pagar una fianza y presentarse periódicamente. Solo Amauri Rosario Aybar, que es haitiano, está en prisión preventiva.
El fiscal de Peravia, Ángel Darío Tejada, dice que el Ministerio Público va a revisar la decisión de la jueza Loida Amador, porque cree que todos debieron ir a prisión preventiva por lo grave del asunto.
Este caso está calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, que hablan de asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos. También se les acusa de violar leyes sobre Registro Civil, Cédula, Protección de Datos Personales y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Dado lo serio del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, lo que le da más tiempo a la Fiscalía para investigar a fondo este lío.
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