Oye, mi gente, les tengo un chisme bien caliente: resulta que un corillo de gente, incluyendo a dominicanos que viven fuera, están quillao' porque perdieron un viaje de cuarto aquí en Dominicana. El Ministerio Público salió diciendo que 122 personas, junto con el mismo Estado dominicano, cayeron en un tumbe millonario por culpa de un lío con la venta de propiedades de lujo que nunca existieron. Dicen que las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE se llevaron más de 18 millones de dólares vendiendo sueños con proyectos de casas que eran puro cuento.
De esas 122 víctimas, hay 148 registros de dominicanos, la mayoría de los que se llevaron el boche. También hay nueve gringos, uno de ellos boricua, y dos canadienses, muchos de ellos viviendo en diferentes partes de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Este lío no solo dejó a gente en el país con la mano en la cabeza, sino también a los dominicanos de la diáspora y a extranjeros que confiaron en la marca RE/MAX.
Ya tienen fichados a cuatro personas como el cerebro de este bobo: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco; estas dos últimas ya están guardadas. Mientras tanto, Ortiz Nova y Giroux andan a la fuga.
Según el Ministerio Público, estos tigueres armaron Novasco Real Estate S.R.L. como una compañía de pantalla y compraron la franquicia RE/MAX para ganarse la confianza de las víctimas. Les pintaron pajaritos en el aire con proyectos como Romana Victoriana Residences, que supuestamente era un complejo de lujo a precios de ganga.
El plan, según el Ministerio Público, se movía principalmente por redes sociales, donde ponían fotos y descripciones bien bacanas de las propiedades. Los compradores, confiando en la reputación de RE/MAX, les hacían transferencias bancarias. Pero, al final, las propiedades nunca se construyeron y los dejaron en el aire.
El Ministerio Público también dice que el Estado dominicano salió chivo en este paquete, porque los tigueres evadieron impuestos y otras leyes. A los involucrados los acusan de estafa electrónica y lavado de activos, y esos casos están en manos de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana. Ya hay procesos legales abiertos contra las dos personas detenidas y las autoridades están metiendo presión para dar con los que andan sueltos.
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