La jefa de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que está chévere que el tribunal le haya ganado otro intento de retraso de la defensa. El Ministerio Público empezó este viernes a presentar de manera resumida la acusación de corrupción administrativa contra los exministros de Hacienda y Obras Públicas, Donald Guerrero Ortiz y Gonzalo Castillo, y otros que están metidos en un lío por tumbarle al Estado dominicano más de RD$19 mil millones de los cuartos de la gente.
La procuradora de corte, Mirna Ortiz, que es la que lleva la batuta en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que esta etapa se pudo hacer después de que el tribunal dijera que no a otro truquito de la defensa para hacer que se leyera el expediente completo. Ella dijo: "El tribunal ha decidido, y la Corte de Apelación lo ha ratificado, que el Ministerio Público presente una versión resumida de la acusación, en respeto al principio del plazo razonable del proceso".
El Ministerio Público tiene planes de terminar de contar el chisme en la próxima audiencia, que es el viernes 9 de mayo a las 2:00 de la tarde, para que el lío siga avanzando como Dios manda. Además de Ortiz, también estaban ahí los fiscales de la Pepca Rosalba García y Arolin Lemus, junto con Malvina Romero y Miguel Collado de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con esta movida, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional arrancó formalmente la audiencia preliminar, después de saltar dos recusaciones contra la jueza presidenta, Altagracia Ramírez, varios líos que armó la defensa y al menos diez aplazamientos.
Según lo que dicen, los tipos formaban un corillo que se tumbó más de RD$19,000 millones con pagos raros por terrenos que decían que eran de utilidad pública y sobornos para la campaña del 2020. Además de Donald Guerrero Ortiz y Gonzalo Castillo, en ese expediente de corrupción están metidos José Ramón Peralta, que era el ministro administrativo de la Presidencia, Daniel Omar Caamaño, que fue el contralor general de la República, Luis Miguel Piccirillo, que era el jefe del CEA, y Claudio Silver Peña, que era el director de Catastro Nacional. También están en el lío Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, que eran los jefes de Casinos y Juegos de Azar.
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