Tamo esperando que el Ministerio Público someta su papel de manera formal ante el juez
El abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez, que defiende a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dijo este viernes que tan solo están esperando a que el Ministerio Público haga su movida y presente la solicitud de medida de coerción, pa' saber bien de qué se les acusa por el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set. Eso pasó el 8 de abril, cuando estaban en una fiesta con Rubby Pérez, y ahí murieron 236 personas, incluyendo al artista, y otras 180 salieron heridas.
Sobre cómo va el proceso, el abogado dijo que no pueden hacer mucho hasta que el Ministerio Público ponga su solicitud formalmente. También mencionó que está tratando de entender bien la situación de Maribel Espaillat. "No puedo especular sobre si pedirán prisión preventiva. Tenemos que respetar al Ministerio Público y esperar a que presenten sus pedimentos. Luego, la defensa responderá con argumentos y presupuestos para contestar cada uno de los puntos", explicó.
El Ministerio Público está investigando a los hermanos Espaillat por lo que podría ser un homicidio involuntario, según el artículo 319 del Código Penal Dominicano, porque dicen que fueron muy irresponsables y negligentes al no arreglar el techo del Jet Set Club a tiempo.
La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la orden de arresto después de que los hermanos pasaran seis horas siendo interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho.
También están chequeando si los hermanos trataron de manipular o meterle miedo a testigos de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que es bajo la que funcionaba el club.
Según la ley, las medidas de coerción deben conocerse dentro de las 48 horas después del arresto, así que la audiencia se espera para la tarde del sábado. El Código Penal dice que el homicidio involuntario puede dar de tres meses a dos años de cárcel, y más si hubo negligencia grave en cosas que requieren cuidado especial, como construcciones o eventos grandes.
Además de las penas de cárcel, este lío podría traerles problemas civiles serios, porque ya hay más de 70 demandas contra los dueños de la discoteca, y el Ministerio Público ha congelado bienes de la empresa para asegurar que se pague a las víctimas.
El abogado Miguel Valerio, que también está en el equipo legal de los Espaillat, había dicho antes que sus clientes no lo hicieron con mala intención, que han colaborado con la investigación y que quieren compensar a las familias afectadas. "De ninguna manera ellos querían que eso pasara", afirmó.
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