El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió mover pa'l martes que viene a las 9 de la mañana la audiencia pa' ver qué medida de coerción se le va a poner a los que están metidos en un lío de fraude bancario y robo de identidad. Todo eso salió después de unos operativos que hicieron en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Los abogados de los acusados pidieron un chance pa' preparar mejor su defensa, por eso se aplazó la cosa. El Ministerio Público quiere que metan a los ocho panas y una empresa en prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
En este lío están metidos Fredery García Ortiz, que dicen que es el jefe del grupo y dueño de Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su mujer María Carolina Durán Tavárez. También están en el asunto Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez, alias Chango. Además, la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L. está en el tapete porque supuestamente usaban su negocio pa' hacer las diabluras de fraude bancario y usurpación de identidad.
La procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, fue quien metió la solicitud, representando al Ministerio Público.
Según dijeron, la investigación empezó porque varios clientes de un banco se quejaron. Ahí descubrieron que esta banda se metía en los perfiles de los clientes, haciendo transferencias chuecas a cuentas de ellos mismos y sacando cuartos por los cajeros y ventanillas de diferentes bancos.
En los allanamientos que hicieron, encontraron de todo: aparatos electrónicos, documentos, libretas bancarias y más cosas que sirven de evidencia. En total, hicieron 34 allanamientos con 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat. También encontraron drogas y vehículos, y se llevaron varios inmuebles comprados con los cuartos del fraude.
El Ministerio Público les acusa de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, además de artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Presentaron varias pruebas que dicen que demuestran que estos panas estaban metidos hasta el cuello en esta vuelta delictiva.
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