En el barrio, dicen que agarraron a una pareja que está en el medio de una red de trata de personas. El tribunal de Puerto Plata le metió un año de prisión preventiva a un hombre y una mujer, que dicen son los jefes de un grupo que se dedicaba a la trata de personas pa' explotación sexual, y entre las víctimas había menores.
Los que están en problema son Julio de la Cruz Vásquez, alias "Nacho" o "Gordo", y Leonelis Rodríguez Martínez. Ellos están enfrentando cargos por trata de personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores y proxenetismo agravado. El juez Romaldy Marcelino Henríquez dijo que el caso está complicado.
La Procuraduría General de la República dice que a De la Cruz Vásquez también le están achacando que se hacía pasar por miembro de la Fuerza Aérea, aunque ya lo habían cancelado de ahí. El Ministerio Público se puso pa’ ellos y, después de investigar, se dieron cuenta de que estaban captando y moviendo mujeres y adolescentes de varios barrios de Puerto Plata para ofrecer servicios sexuales.
Julissa Gómez Camacho, la fiscalizadora, estaba en la audiencia donde el juez decidió que los iban a mandar a los centros de corrección y rehabilitación San Felipe y Najayo Mujeres en San Cristóbal. En su investigación, allanaron una villa de dos pisos en el sector Cupey, donde encontraron nueve víctimas, incluyendo seis mujeres de entre 18 y 28 años y tres menores de 17 años.
Según el Ministerio Público, en esa villa se ofrecían servicios sexuales de mujeres y adolescentes de entre 15 y 17 años, cobrando entre 120 y 400 dólares. En una transacción, De la Cruz Vásquez supuestamente recibió 1,600 dólares por un servicio.
La cosa se puso en marcha el 30 de mayo, cuando empezaron la investigación a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata. Están metidos en la investigación la procuradora Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras, junto con otros fiscales de Puerto Plata.
Todo comenzó después de que el 13 de marzo de 2025, la División de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem) recibió una denuncia confidencial. La investigación también contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones del Ultramar del Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos.
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