Entrevista a Manuel Alejandro Chevalier Rijo, director del departamento Legal del Ayuntamiento de Higüey.
Con la propuesta de hacer municipio el Distrito Turístico Verón–Punta Cana, la voz jurídica del Ayuntamiento de Higüey se levanta con una perspectiva diferente en este lío en la provincia La Altagracia.
Manuel Alejandro Chevalier Rijo, que lleva la batuta legal en la Alcaldía de Higüey, más allá de la legalidad, le comenta a Diario Libre sobre justicia distributiva, planificación estratégica y el papel clave de Higüey como el soporte de la principal industria turística del país.
—Desde la perspectiva legal del Ayuntamiento de Higüey, ¿cuáles son los principales argumentos legales o administrativos que podrían justificar una posición cautelosa ante la conversión de Verón–Punta Cana en municipio?
La verdad es que, si lo miramos desde el lado de los requisitos legales, no hay objeción para subir de categoría al distrito municipal Bávaro–Verón–Punta Cana (...), pero el debate es más profundo. Lo que Higüey reivindica es justicia social. La explosión de gente en la ciudad cabecera tiene un único culpable: la industria del turismo que se ha desarrollado en nuestras playas.
En dos décadas, pasamos de tener algo más de 60,000 habitantes a casi medio millón hoy en día. Esta gente, en su mayoría, es la clase obrera del turismo y genera un montón de demandas en servicios municipales. Los de Higüey, por elección, han cambiado radicalmente la vida de Salvaleón de Higüey: tapones a todas horas, somos la tercera zona del país que más basura produce, y los barrios no paran de crecer.
Los terrenos de la periferia, todos convertidos en barrios. Te podría mencionar docenas de servicios municipales que esta población necesita, que sin los recursos que vienen de la zona turística, colapsarían.
—Algunos dicen que la separación afectaría negativamente las finanzas del municipio cabecera. ¿Se ha hecho algún estudio o proyección interna sobre cómo afectaría esta posible división en la capacidad operativa y presupuestaria de Higüey?
Las estimaciones del equipo de finanzas de la Alcaldía dicen que la reducción presupuestaria sería cerca del 40 % del presupuesto del cabildo local. Sería un golpe fuerte con repercusión inmediata y a largo plazo. Afectaría directamente los servicios públicos que se ofrecen desde la alcaldía.
—Verón–Punta Cana alega falta de acceso a oficinas estatales y autonomía para planificar su crecimiento. ¿Cree que estos problemas podrían resolverse sin convertir el distrito en municipio, tal vez mediante descentralización interna o reformas administrativas?
Claro que ser elevado a municipio no garantiza un avance en ese sentido. Hay formas de ayudar a la demarcación turística a planificar su crecimiento y urbanismo. Yo, personalmente, creo que esa zona es vital para el país, y tratarla como un territorio común ha sido un error histórico.
Bávaro–Verón–Punta Cana debe ser tratado como un territorio especial, con normas adaptadas a sus necesidades y características, que son muy diferentes a cualquier otra municipalidad del país. No hay que olvidar que la zona no solo debe ofrecer una ciudad a los habitantes y residentes, sino también a los más de seis millones de visitantes al año.
—¿Qué postura sostiene el Ayuntamiento de Higüey frente a una posible transición negociada?
Te voy a responder con una posición personal, sin comprometer la posición acabada de la institución que represento. Desde el vínculo que existe en Higüey, como ciudad dormitorio de la masa obrera del turismo, y considerando lo especial e importante que es la zona para el país, creo que lo ideal para que ambas municipalidades funcionen es pactar una transición solidaria, donde Higüey tenga tiempo para identificar y preparar las fuentes de riqueza de donde deberá suplir la pérdida de los recursos que vienen de la zona turística.
Creemos que quitarle los fondos a Higüey de golpe podría dañar también la zona turística, en la medida en que Higüey no pueda ofrecer servicios municipales básicos. Los asentamientos humanos podrían crecer en la zona turística, y eso no conviene a la industria.
—¿Existe la voluntad de sentarse en una mesa técnica y política para construir un proceso ordenado que beneficie a ambas partes sin comprometer la estabilidad de la provincia La Altagracia?
Claro, el compromiso de la alcaldesa Karina Aristy y su equipo es que ambas municipalidades sigan contribuyendo al funcionamiento de la provincia y del país. Estamos conscientes de que este tipo de crisis genera dudas en la inversión extranjera y, por ende, daña la economía. Estamos dispuestos a sentarnos y pactar, no los recursos de las alcaldías en cuestión, sino a pactar el futuro de Higüey y de la zona turística.
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