La Ley 137-03 te clava de 10 a 15 años preso y una multa que no baje de 150 sueldos mínimos. En el 2024, los tribunales de Instrucción en Dominicana recibieron 158 acusaciones por violar esta ley que trata sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, según los datos del Poder Judicial que se sacaron gracias a Libre Acceso a la Información.
Pero, de todas esas denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia, lo que deja ver que hay problemas pa' llevar estos casos hasta el final en el proceso judicial.
Las cifras muestran que Dajabón lleva la delantera con 51 casos, después viene Monte Cristi con 16, Valverde con 12 y Santiago con 11.
En otras provincias como San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Constanza, El Seibo e Independencia, las denuncias son poquitas.
Por otro lado, en lugares como La Romana, Peravia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, María Trinidad Sánchez y Pedernales, solo hay entre una y cuatro querellas.
Mientras tanto, Santiago Rodríguez, Samaná y Azua tienen entre seis y nueve denuncias.
Como se dijo antes, aunque hay muchas denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia. De esos, dos son de Santiago Rodríguez y dos del Distrito Nacional.
Los otros casos que siguieron pa'lante en el proceso son de La Altagracia, Montecristi, San Pedro de Macorís y Santiago, con un caso cada uno.
El exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, mencionó que todos los haitianos indocumentados que deportan, vuelven a entrar porque no hay una política bien coordinada entre los poderes del Estado.
Según Taveras, las estructuras que ayudan a la inmigración ilegal haitiana son dominicanas con ayuda de los haitianos, "eso lo comprobé mil veces".
"Sin los militares de las fronteras, eso no es posible hacerlo, pero las estructuras no son necesariamente compuestas por militares, hay civiles", aclaró.
El lunes, el Poder Ejecutivo metió, a través del consultor jurídico, un proyecto para fortalecer, ampliar y hacer más efectiva la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La idea es cambiar los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley.
Con este proyecto, quieren meter penas de hasta 40 años de prisión.
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