El Ministerio Público ta metiendo mano con más de 500 pruebas pa' sustentar la acusación
El Ministerio Público pidió prisión preventiva pa' diez militares y civiles, que dicen que están metíos en un lío de corrupción, donde se pagó más de 100 millones de pesos en sobornos pa' asegurar contratos de seguridad en instituciones del gobierno.
Según un comunicado de la Procuraduría, esa red "se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas".
La noche del miércoles, llevaron la acusación, con más de 500 pruebas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, que es la jefa de la Pepca, se encargó de liderar el equipo que puso la solicitud.
Mirna Ortiz dijo: "Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados".
A los que están metiendo presos los acusan de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Esto afectó instituciones que ayudan a la gente, como el Inaipi, Senasa, y las empresas de luz EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los que están en el lío, están el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz advirtió que la investigación sigue y que pueden haber más arrestos. Ella dijo: "Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos. Esto apenas comienza".
Todo este lío empezó por una denuncia que llegó desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Ver todo