Un pana que duró ocho meses en La Victoria quiere que se haga justicia
El hombre está buscando que le paguen por los líos que le causaron. La Procuraduría y varios fiscales de Santo Domingo Este están metidos en un rollo legal, porque Víctor Scharboy Almánzar los demandó por daños y perjuicios.
Scharboy Almánzar les mandó la demanda a esos fiscales con el papel No.712/2025, que uno de sus abogados, Robinson E. González A., se encargó de notificar con la ayuda de Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera.
La vaina fue llevada al Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la Procuraduría General de la República (PGR) como la institución que se supone debe investigar por el bien de la sociedad, y también contra varios procuradores fiscales de Santo Domingo. Según la demanda, estos fiscales se pasaron de la raya y no hicieron su trabajo como manda la ley No. 133/2011 y el artículo 260 del Código Procesal Penal.
¿Quién es el hombre?
Víctor Scharboy Almánzar tiene 66 años y estuvo preso ocho meses y 15 días, desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024. Todo empezó por una acusación de su expareja, María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), que según él, fue un bulto para sacarle dinero. Al final, el 10 de junio de 2024, el tribunal lo soltó porque no había pruebas suficientes.
La PGR y los fiscales están en olla porque los acusan de usar la ley 137-11 y el Código Procesal Penal de forma incorrecta, solo para tratar de hacer ver legal algo que era puro chantaje y extorsión, según la demanda.
Los abogados de Scharboy Almánzar, Álvarez Hazim y Lizardo Cabrera, dicen que lo que le hicieron fue un abuso y que la investigación no fue objetiva ni imparcial. Además, le causaron un lío emocional y material: "toda vez que fue reducido a prisión violándosele todos sus derechos, no solo al imponérsele prisión preventiva como medida de coerción, sino que el Ministerio Público solicitó condena sin prueba alguna".
Lo que piden
La familia Scharboy Almánzar quiere que el Tribunal Contencioso Administrativo le meta una condena a la Procuraduría General de la República y que paguen 30,000,000 millones de pesos como compensación por todo el lío que le armaron.
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