Oye, te cuento que el lío con el antiguo Hotel Cervantes en Gascue está del carajo. Desde el 2019, el uso de ese sitio como sede judicial está parado por un pleito legal, aunque ya han invertido más de RD$358 millones. Imagínate, el Poder Judicial compró el hotel hace ocho años para remodelarlo y meter ahí varios tribunales y hacer un edificio de cuatro pisos con 218 parqueos. Pero el asunto se ha trancado por un pleito judicial, a pesar de que to' el mundo sabe que el sistema de justicia anda sin espacio.
En marzo del 2018, la Constructora Vélez & Sánchez, o Convesa, se ganó la licitación pa' remodelar el hotel, y pa' noviembre también tenían la del edificio de parqueos. Un año después, según ellos, el proyecto estaba a más de un 90% de avance. Pero la cosa se paró en seco cuando en abril del 2019 entró Luis Henry Molina Peña como presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia.
En mayo, un informe del CPJ decía que había que buscar una firma consultora pa' evaluar bien la construcción del llamado Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas. Desde entonces, hay un brete brete con que si hay vicios de construcción y que si faltan permisos y licencias, y nadie se pone de acuerdo sobre quién tenía que gestionarlos.
El edificio pa' los tribunales, casi listo hace más de cinco años, y el de parqueos avanzando, se construyeron sin seguir las Normas y Especificaciones Generales del Ministerio de Obras Públicas y sin la licencia de uso de suelo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
La compra del Hotel Cervantes por 144 millones de pesos fue cuando Mariano Germán era presidente del CPJ y la SCJ (2011-2019), en esos tiempos que el Poder Judicial andaba llorando por falta de cuarto, recibiendo apenas el 1.3% del Presupuesto Nacional, cuando les tocaba un 2.66% por ley.
El proyecto del Palacio de Justicia lo contrataron por 103.4 millones de pesos, y el edificio de parqueos, de cuatro niveles, por 86 millones de pesos. A esos montos se le sumaron 25 millones de pesos más por un informe del Codia que justificaba un reajuste por refuerzos y cambios en el hormigón. En total, los contratos subieron a 214.5 millones de pesos, y con la compra del hotel, la cosa llegó a 358.5 millones de pesos.
En julio del 2024, la Quinta Sala del TSA condenó a Convesa a pagar 20 millones de pesos al CPJ. Los jueces dijeron que la empresa "inobservó la cláusula contractual atinente a la adaptación de sus asignaciones a las normas técnicas de construcción". También anularon los dos acuerdos.
El tribunal dijo: "El perjuicio de su acción quedó acreditado toda vez que, en clave con el informe técnico de fecha 10 de julio de 2020, la edificación en construcción no se hace viable y, por tanto, inoperable". Convesa apeló en casación, y su presidente, Carlos Vélez, dice que no era su responsabilidad gestionar los permisos, sino del Poder Judicial. También dice que los planos no estaban aprobados cuando se hizo la licitación.
Todavía no hay fecha pa' la casación. La demanda del CPJ fue acogida en parte porque también pedían 843 millones por daños y perjuicios al Estado. Convesa también metió una demanda reconvencional pidiendo que se ejecutaran los acuerdos y unos 86.7 millones por daños, pero se la rechazaron.
El TSA contó que el CPJ pidió ayuda al PNUD para contratar a una empresa que evaluara el proyecto, y eligieron a Epsa-Labco, que concluyó que "los trabajos ejecutados se realizaron al margen de los planos aprobados por las autoridades competentes" y que "existió violación a las normativas", por lo que las obras tienen "defectos estructurales".
El TSA aceptó el pedido de Convesa para otra auditoría con ingenieros del Codia, que confirmaron la falta de permisos pero refutaron parte del informe de Epsa-Labco, diciendo que sí hubo continuidad estructural en los muros.
En diciembre pasado, el CPJ le pasó a Bienes Nacionales el usufructo del terreno y las mejoras del Hotel Cervantes y a cambio, al Poder Judicial le dieron el edificio de Registro Inmobiliario en el Centro de los Héroes.
Diario Libre trató de averiguar qué hará Bienes Nacionales con esos edificios, pero no le dijeron nada. La misma Epsa-Labco evaluó en el 2021 las Cortes del Distrito Nacional y advirtió riesgos en caso de un sismo fuerte.
Después que se cayó el techo de la discoteca Jet Set, el CPJ se apuró a mudar más de 15 tribunales al edificio del Registro Inmobiliario y mandó a usar medios digitales en los tribunales civiles.
La jueza Ysis Muñoz, presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, ha pedido una auditoría al uso de los recursos del Poder Judicial, pero no ha tenido respuesta. En "El Despertador" se preguntó: "¿Quién va a responder por esto? (la inversión en el Hotel Cervantes), porque no fue una mano de plátano que compraron".
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