"Los tígueres que 'dizque' metieron en el lío de Paula Santana están 'fregao' con la mala fama"

En septiembre de 2024, después de siete meses trancados, el Ministerio Público pidió que el caso se quede en el aire por ahora. Los dos panas salieron libres, sin cargos, pero con sus vidas destrozadas.

Siete meses en prisión preventiva, acusaciones sin pruebas, tortura y estigmatización: Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz cuentan su sufrimiento después de ser liberados por el asesinato de Paula Santana Escalante. Esta vaina se supo en el programa "Te lo explico" con la periodista Nairobi Viloria.

El 22 de febrero de 2024, encontraron a Paula Santana Escalante muerta en una alcantarilla, casi desnuda, cerquita de la empresa Oscor Caribe, en la Zona Franca de Las Américas, donde ella trabajaba. Su asesinato sacudió al país. Pero la investigación fue un lío lleno de errores, falta de cuidado y consecuencias fuertes pa' dos inocentes.

A los pocos días de encontrar el cuerpo, el Ministerio Público agarró a dos compañeros de trabajo de Paula: Joaquín Hidalgo Marte (alias Alex) y Alex Cruz Díaz (alias Chucky). Los metieron en prisión preventiva, acusados de la muerte de la joven.

Las pruebas que presentaron contra ellos incluían la hora rara en que salieron del trabajo, que supuestamente desaparecieron esa noche, y una camiseta con manchas de sangre que dijeron era de Cruz Díaz. Pero con el tiempo, esas pruebas no aguantaron ni un poco y la ciencia forense lo tumbó todo.

Los peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no encontraron ADN de los panas en el cuerpo de la víctima ni en su ropa. Tampoco los teléfonos dieron pistas. En septiembre de 2024, después de siete meses presos, el Ministerio Público pidió archivar el caso. Los soltaron, sin cargos, pero con sus vidas patas arriba.

En una entrevista con Nairobi Viloria, Joaquín y Alex contaron con detalles lo que sufrieron mientras estaban presos. Joaquín dice que los agentes del DICRIM lo llevaron a una calle desierta en Boca Chica, lo torturaron, le pusieron fundas en la cabeza, le apretaron las esposas, le dieron golpes en el estómago y lo amenazaron pa' que confesara un crimen que no hizo. "Pensé que era el último día que mi madre me iba a ver con vida", dijo.

Los dos dicen que siempre se mantuvieron firmes. "Siempre dije que no era culpable. Le dije a los agentes: ustedes van a matar a un hombre inocente", cuenta Joaquín.

Después de pasar por medidas de coerción, los mandaron al Centro Correccional de San Pedro de Macorís, donde los dejaron aislados por semanas por los rumores que corrían en los medios y las redes de que los iban a envenenar o golpear otros presos.

Vivieron con miedo constante. "Duré un mes exprimiendo botellitas de agua por temor", contó Cruz Díaz.

Al salir de prisión, el problema no acabó. Joaquín y Alex se dieron cuenta de que volver a la vida normal era un sueño. "Tocamos puertas buscando trabajo y nos rechazan. Nos dicen asesinos", dijeron.

Perdieron amistades, oportunidades y paz. "Estamos libres, pero caminando aún estamos presos. La gente todavía no cree que somos inocentes", dijo uno de ellos. Además, dijeron que incluso en la cárcel los trataron mal por los prejuicios de lo que se decía en televisión y redes.

La detención de Junior Lazarito Sánchez Martínez el 30 de abril de 2025 cambió el juego. Sánchez Martínez, de 26 años, también trabajaba en Oscor Caribe y era cercano a Paula. Según dijo el fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, el tipo confesó el crimen frente a su abogado y firmó la declaración.

El abogado de la familia Santana, Pedro Duarte Canaán, dijo que hubo "graves deficiencias" en la investigación inicial. Ignoraron grabaciones de seguridad, no miraron bien los vínculos laborales, y no profundizaron en el entorno más cercano de la víctima. "Hubo negligencia, y alguien debe responder", dijo.

Duarte añadió que después del crimen, el tipo siguió yendo al trabajo como si nada, incluso participó en la búsqueda de Paula junto a los que ahora están libres. "Sabía lo que había hecho y actuó como si nada", dijo Joaquín, con impotencia.

Durante esos siete meses trancados, los dos vivieron incomunicados gran parte del tiempo. Recibían comida sin saber si estaba contaminada, temieron por su integridad, y los trataron como culpables hasta los oficiales de la cárcel. Aunque no recibieron condena judicial, enfrentaron una condena social.

"El sistema nos falló. Fuimos víctimas dos veces: del error de la justicia y del juicio mediático", dicen.

A más de un año del crimen, Paula finalmente tiene un acusado confeso. Pero la pregunta de Joaquín sigue en el aire: "¿Por qué querían hacerme ese daño si yo era inocente?".

El Ministerio Público ahora busca la máxima pena para Sánchez Martínez. La familia de Paula pide justicia completa y respuestas sobre cómo se desvió tanto la investigación. Joaquín y Alex, por su parte, esperan algo más sencillo: que les devuelvan la chance de tener una vida normal.

Ver todo