El tribunal dispuso que to' el mundo que tá' metío en el lío ese de fraude bancario y robo de identidad tiene que dejar un billete de garantía, presentarse de vez en cuando y no pueden salir del país. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional les puso medidas de coerción este viernes a los ocho tigres metíos en esa vuelta, que los agarraron en Monseñor Nouel.
El tribunal dijo que hay que soltar un menudo como garantía: RD$3,000,000 pa' Fredery García Ortiz, que es el capo del coro y dueño de Decoral Muebles y Más, S.R.L.; RD$2,000,000 pa' su jeva, María Carolina Durán Tavárez; RD$1,000,000 pa' George Charlie Abreu Tejada; RD$500,000 pa' Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, cada uno; RD$200,000 pa' Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y RD$150,000 pa' Wilton Rafael Gutiérrez, alias "Chango".
El juez Rigoberto Sena también dijo que este caso es un lío grande y le dio al Ministerio Público 12 meses pa' que investiguen bien y presenten la acusación formal. Los fiscales Carlos Vidal y Gabriela Gómez Garrido presentaron como 100 pruebas que, según ellos, demuestran que estos tigres estaban metíos hasta el cuello en esa vuelta, cómo funcionaba la banda y los resultados que sacaron de ese relajo.
El Ministerio Público dijo en una nota de prensa que la investigación empezó porque varios clientes de un banco comenzaron a reclamar. Descubrieron que estos tigres se metían en los perfiles de los clientes, hacían transferencias ilegales a sus cuentas y sacaban cuartos por cajeros y ventanillas en diferentes bancos.
En el operativo, se hicieron varios allanamientos donde agarraron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras vainas que son clave pa' ese caso.
En total, se hicieron 34 allanamientos al mismo tiempo por 40 fiscales, con más de 200 agentes del Dicat ayudando. También encontraron drogas y vehículos, y el Ministerio Público confiscó varias propiedades compradas con los cuartos del tumbe.
Los hechos están calificados como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y a varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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