Los panas que han salido beneficiados por la alta corte están esperando décadas pa' que les cumplan con lo que se dictaminó. La Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE), que maneja las Fuerzas Armadas, son los que más se pasan de listos y no cumplen con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
El TC soltó una lista con 93 sentencias que no se han cumplido por diferentes personas, empresas e instituciones públicas. El MIDE aparece ocho veces y la Policía 24, aunque se supone que la Policía es la que debe hacer cumplir la ley y las decisiones judiciales.
Hay un montón de militares, policías (activos y retirados) y civiles que han ganado casos en el TC, pero en al menos 32 casos han tenido que volver al tribunal a pedir que se haga lo que se ordenó.
Un ejemplo es el de Alexander Rubio Urbáez, a quien la PN le quitó su motor en Barahona en 2016 y tuvo que ir al TC pa' que se lo devolvieran. La corte falló a su favor y dijo que le paguen 5,000 pesos por cada día que no le cumplieran, a beneficio de Hogar Crea Dominicana. Esta organización en 2024 pidió que se cumpla la sentencia pa' cobrar el dinero.
En 2017, Ana Espinosa Tejar logró que el TC reconociera su derecho a recibir la pensión de conviviente superviviente que el Ejército le quitó en el 2000. También tenía que recibir lo que le debían después de 17 años sin ese beneficio. Después de que la gente se enteró, empezó a recibir una pensión de unos 2,000 pesos. Además, le pagaron los sueldos atrasados de 183 meses, pero no llegó a los 500,000 pesos, mucho menos de los 2.3 millones que ella reclamaba, calculando con el salario de un segundo teniente.
En otro caso, la PN en 2017 no quiso cumplir con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le decía que pagara una pensión a las dos hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, que murió en 2011. El Tribunal Constitucional no aceptó su recurso y confirmó que el Comité de Retiro debía pagarle a la viuda, Andrea D’Oleo Vicente, lo que debían desde que él falleció.
Tres generales y un coronel retirados consiguieron en 2022 que el TC condenara a la PN a pagarles 5.2 millones de pesos por no haber cumplido con la sentencia que mandaba ajustar sus pensiones.
Diario Libre le pidió a la PN y al MIDE una explicación sobre por qué no cumplen con las sentencias, pero no encontraron respuesta al cierre de este reportaje.
El ex-presidente del TC, Milton Ray Guevara, dijo varias veces que estaba preocupado porque las decisiones del tribunal no se cumplen y porque no hay formas legales para hacer que se cumplan. En su tiempo, se creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), que solo puede cuestionar a los que no cumplen.
Los magistrados actuales prefieren no hablar del tema porque dicen que no está en sus manos. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso una ley para sancionar a los que no cumplan las sentencias del TC. El artículo 69 dice que pueden ir hasta un año a prisión por desacato.
Muchos casos en los tribunales son de policías y militares que fueron expulsados por faltas graves, pero cuyas destituciones fueron anuladas por problemas en el proceso. Uno de esos casos fue el del capitán de navío Huáscar Miguel de Peña Lizardo, a quien el TC mandó reintegrar a la Armada en 2014, pero no pasó nada.
De Peña pidió su expediente con el decreto de su retiro, pero la Armada y el MIDE no le hicieron caso. Luego, dijo en entrevistas que su expulsión fue una represalia por no dejar pasar drogas y rechazar un soborno. Sin poder volver a trabajar, en 2020 le pidió al TC que ajustaran su pensión de 60,000 pesos, pero el tribunal dijo que no porque su retiro ya había sido anulado antes. Después, De Peña se exilió y se convirtió en un activista anticorrupción en redes sociales. No se pudo hablar con él para esta investigación.
Otro militar que tuvo que pelear para que se cumpliera el fallo del TC fue el mayor del Ejército Juan Ramón Aquino Rodríguez, expulsado en 2010 y acusado de ser parte de la red de narcotráfico de José Figueroa Agosto. La sentencia del TC de 2017 mandó al MIDE a reincorporarlo con el mismo rango y pagarle los sueldos que no recibió en siete años. En 2019, él presentó un recurso de ejecución de sentencia.
Ahora es teniente coronel y está en la nómina del Ministerio de la Presidencia como personal de vigilancia, ganando 145,475 pesos. También trabaja como director de Seguridad en la Alcaldía de Santo Domingo Este.
Después de años de espera, algunos oficiales de la Policía lograron volver a sus puestos, pero otros murieron sin conseguirlo. Uno de los casos más recientes es el del teniente coronel José Agustín Ayala Sánchez, separado en 2014 por supuestos vínculos con un delincuente.
En 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su reposición y el pago de los sueldos atrasados. Luego, Ayala pidió el pago de astreinte por incumplimiento, y se dictó una sentencia a favor de la Fundación para el Desarrollo de Pedro Brand (Fundapebra) por 5,030,000 pesos.
En diciembre de 2024, Fundapebra presentó una solicitud de ejecución de sentencia para exigir el pago. Sin embargo, la Policía Nacional dijo que la fundación era de Ayala mismo. No se encontró información de la fundación en Internet, mapas o redes sociales.
En 2017, la Policía Nacional y la Presidencia de la República debían darle al general retirado Eduardo Antonio Sarraff Herrera los documentos sobre su cancelación, según otra sentencia del TC.
En 2021, Sarraff pidió el pago de astreinte de 5,000 pesos por cada día de retraso, pero el Tribunal Constitucional no lo favoreció porque la medida era a favor de la Cruz Roja Dominicana.
Sarraff Herrera murió el 20 de febrero de 2025, pero en 2021 fue incluido entre los 113 generales a quienes el presidente Luis Abinader elevó la pensión a 100,000 pesos. El Decreto 856-21 los reconoció a todos como "miembros de la Policía Nacional puestos en la honrosa condición de retiro por antigüedad en el servicio y por edad".
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