Oye, te cuento el bochinche que está sonando en el barrio sobre la jueza Fátima Veloz y el lío en la discoteca Jet Set. Resulta que la jueza de la Oficina de Atención Permanente en el Distrito Nacional, Fátima Veloz, está en la boca de todo el mundo después de que metiera mano con medidas de coerción a los panas involucrados en el lío del techo que se cayó en Jet Set, dejando un reguero de muertos.
La gente está hablando de que supuestamente el papá de la jueza tenía negocios con uno de los tipos envueltos en el caso. Pero mira, según la ley, ni la Constitución ni el Código Procesal Penal tienen nada que diga que eso hace que la jueza esté actuando mal.
Mira, el artículo 78 del Código Procesal Penal aquí en RD dice clarito por qué un juez puede ser quitado del caso: si tiene relaciones personales o negocios con alguna de las partes, si ya había trabajado en el caso, o si había dicho algo sobre el caso, entre otras cosas. Pero si es un familiar lejano como el papá de la jueza, eso no cuenta, a menos que haya un interés probado en el caso.
En la audiencia, la jueza Veloz se puso a chequear lo que la defensa decía, y aceptó que los tipos tenían su vaina clara: casa fija, trabajo legal, familia estable y estaban dispuestos a seguir el proceso. Pero aun así, les metió una fianza de 50 millones de pesos, les pidió presentarse cada cierto tiempo y les prohibió salir del país. Aunque eso está dentro de lo que dice la ley, algunos abogados dicen que la cantidad es demasiado alta, considerando que no se ve que los tipos vayan a huir o a dañar la investigación.
Es importante recordar que esta fase de medidas de coerción no es un juicio final ni significa que los panas son culpables. Solo es para asegurar que se queden aquí durante el proceso y no se friegue la investigación.
Lo que viene ahora es el juicio de verdad, donde se van a debatir con pruebas y argumentos los hechos, y se va a ver quién tiene la razón. Sobre lo que dicen de la jueza, la ley y los hechos del caso respaldan lo que ha hecho. La Constitución dominicana dice que la responsabilidad penal es solo de quien comete el delito, y no se puede poner en duda la imparcialidad de los jueces por cosas que no tienen que ver con el caso.
Por el momento, los tipos tienen que enfrentar el proceso con las restricciones que les pusieron, y demostrar ante el tribunal que lo que dicen es verdad. La justicia apenas está comenzando a dar pasos en este asunto.
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