Oye, el corillo de los profes, la ADP, no tiene problema con que pongan cámaras en las escuelas, pero están claro en que hay que respetar la privacidad de la gente. Los tigueres quieren que se haga un reglamento nacional pa’ manejar bien eso de la videovigilancia en los colegios de aquí.
Ellos dicen que hay que convocar a una mesa de diálogo donde todos tengan voz: el Ministerio de Educación, la misma ADP, los padres y las madres, el Defensor del Pueblo, Unicef y los demás grupos que tienen que ver con la educación. También, que se pongan sanciones claras pa’ cuando se use mal las grabaciones o se instalen cámaras sin permiso.
Ellos no están en contra de las cámaras, pero siempre y cuando se respete la privacidad de los estudiantes, los profes y el personal que trabaja en las escuelas. Dicen: "La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa."
La ADP mencionó que el Tribunal Constitucional ya dijo en una sentencia que se pueden usar tecnologías en situaciones de inseguridad, pero sin pasarse y siempre respetando la privacidad de la gente. También citaron al Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que dijeron que cualquier política de cámaras debe proteger a los niños, no usarse para controlar a los profes o a los estudiantes.
Aparte, hablaron de tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de los niños y la protección de datos personales. La ADP insiste en que las cámaras deben ponerse solo si las familias, los profes y el personal están de acuerdo, como dice la Ley 172-13 sobre Protección de Datos.
Advirtieron que esas medidas deben ser bien pensadas y justificarse con estudios de riesgo. No es pa’ poner cámaras a lo loco en todos lados. Tienen que hacer estudios de cómo eso afecta a los estudiantes y a los profes.
Por último, la ADP dijo que las grabaciones tienen que estar bien protegidas y que solo las autoridades competentes, como la Dirección del centro, el Minerd, el Ministerio Público o los jueces, pueden revisarlas. Y ojo, si alguien usa esas imágenes sin permiso, puede meterse en líos serios, hasta con sanciones penales o administrativas.
Ver todo