El Sexto Juzgado de Instrucción ta chequeando la prisión preventiva del principal acusado en la Operación Nido, su hijo y una hermana
La abogada de Emmanuel Rivera Ledesma, el principal acusado del lío de la Operación Nido, dice que “todo” lo de la venta de los proyectos inmobiliarios de su cliente fue legal y que el caso es más un “conflicto contractual” por las "complejidades del mundo de la construcción".
Emery Colomby Rodríguez, quien defiende a Rivera Ledesma, habló durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva del acusado, su hijo de 23 años y su hermana, este lunes en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
A Rivera Ledesma lo acusan junto a su familia de engañar a más de 300 personas, la mayoría dominicanos viviendo en Estados Unidos, ofreciéndoles casas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Además de estafas, se les acusa de falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos, causando un daño de 700 millones de pesos.
Rodríguez dice que su cliente construye apartamentos, los pone en el mercado y los vende, “no que se haya armado un esquema fraudulento”, porque según ella, “sí están los títulos de propiedades” y lo que pasa es que la documentación no está completa por la burocracia con las instituciones del Estado.
“Las propiedades no se vendieron a varios compradores, eso no es cierto", dijo Rodríguez, negando también que su cliente haya gastado millones en vehículos, viajes, restaurantes y que se vendieran inmuebles sin tener derecho de propiedad.
La jueza Yanibet Rivas está revisando la prisión preventiva contra Rivera Ledesma, su hijo Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, este último financiero de los proyectos. Como siempre, este lunes un grupo de afectados se reunió frente al Palacio de Justicia.
María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa) tienen coerción de garantía económica, grilletes y no pueden salir del país.
El Ministerio Público dice que la red criminal usó las compañías Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear un esquema inmobiliario fraudulento y engañar a más de 300 víctimas.
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