La Asociación de Jueces y Juezas de Paz (Asodupa) está alzando la voz porque están preocupados por la inseguridad que se vive en los tribunales del país. Dicen que no hay suficiente personal para protegerlos, y eso ha hecho que la gente entre “portando armas de fuego e incluso (en caso reciente) sacándolas con fines de intimidación o amenaza”.
El grupo recordó que el trabajo de los jueces, que es hacer cumplir la Constitución y las leyes, los pone en riesgo de ataques y amenazas. Mencionaron el caso de la magistrada Alexandra Reyes Custodia, del Primer Juzgado de Instrucción de La Altagracia, a quien una mujer le dijo que le iba a tirar una bomba a ella y a otros magistrados.
Asodupa recuerda que esa amenaza a Reyes Custodia fue hecha de manera pública y “ampliamente difundido en los medios de comunicación” delante de las autoridades del Poder Judicial.
Ellos dicen que la seguridad y la integridad de jueces y juezas son clave para mantener el Estado de Derecho a través de la administración de justicia. “La tarea de resolver conflictos no es sencilla; exige juzgar de acuerdo con el marco legal y no ceder ante presiones populistas o la opinión pública”, dijo Asodupa, citando lo que dijo Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, en el Congreso Mundial del Derecho en el país.
La Asociación de Jueces y Juezas de Paz también mencionó que la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial, en su artículo 50, dice que todos los jueces tienen derecho a recibir del Estado un arma corta de cualquier calibre para protegerse ellos y sus familias, pero eso no se está cumpliendo.
“Desde hace más de 20 años, el legislador estableció que todos los jueces del orden judicial tienen derecho a recibir del Estado un arma”, señalaron. También dijeron que tienen “años” pidiendo que se cumpla el artículo 50 de la Ley 327-98 y que todavía no han recibido respuesta.
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