Un lío con un contrato pa' defender a exfuncionarios por líos de corrupción llegó a los tribunales porque lo estaban pagando con cuartos del gobierno.
Primero, el TSA dijo que el acuerdo era irregular, pero después otro tribunal dijo que estaba todo bien. El abogado Francisco Franco Soto, que ya es parte de la Cámara de Cuentas, fue elegido por los diputados pa' ese puesto en medio de una bronca legal donde se trataba de tumbar el contrato que él firmó pa' defender al exjefe de ese coro, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), y a dos más de ese grupo que están señalados por "maquillar auditorías".
Los servicios legales pa' defender a Álvarez Pérez y a los exmiembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz —que están metidos en el lío de la Operación Caracol— fueron contratados con el abogado Franco Soto y otros tigres por más de 6 millones de pesos, que salieron de los fondos de esa institución del gobierno.
La Cámara de Cuentas que lideraba Janel Ramírez Sánchez, que sustituyó la de Álvarez Pérez, pidió hace cuatro años al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que declarara que la resolución número DEC-X-2021-001, donde se contrató la firma "abogados Inteligencia Legal, S.R.L., representada por la licenciada Jennifer Rodríguez Gómez, y el licenciado Francisco Franco Soto", no era buena pa' los intereses del pueblo.
Los miembros de la Cámara de Cuentas, que terminaron su trabajo el miércoles pasado, pensaban que los que vinieron antes debían pagar su defensa con su propio dinero y no con el del Estado cuando los acusan de corrupción.
El 31 de enero del 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró nula esa resolución, diciendo que se hizo "transgrediendo la normativa". Pero, esa sentencia fue llevada en casación, y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mandó el expediente pa' la Cuarta Sala del TSA porque entendía que el fallo que favorecía al organismo tenía "vicio formal referido a la motivación".
Ese tribunal, la Cuarta Sala del TSA, dio su sentencia el 26 de diciembre del 2024, justo después de que los diputados terminaran de entrevistar a los que querían ser parte del órgano que vigila los recursos públicos.
Esta decisión fue llevada de nuevo en marzo pasado, esta vez por la Cámara de Cuentas ante la SCJ, que todavía no ha dicho cuándo será la audiencia. Están tratando de tumbar la sentencia de la Cuarta Sala del TSA que dijo que el contrato de "la entidad Inteligencia Legal, SRL y el señor Francisco Franco Soto" cumplía con lo que la ley pedía.
Los jueces de la Cuarta Sala del TSA dijeron que la Resolución ADM-2021-X-008, hecha el 1 de noviembre de 2021, fue anulada por la Cámara de Cuentas "sin justificar ni motivar cuáles fueron las causas que la conllevaron a revocarlo de forma unilateral". Además, los jueces Román A. Berroga Hiciano, Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario dijeron que la "Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto ni a terceros que pudieran resultar afectados".
También dijeron que "violó el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica que favorecen a las partes recurridas, al avocarse a iniciar un proceso de declaración de lesividad sin manifestar cuál fue la contrariedad al derecho y la lesión ocasionada al interés público general que implicara su invalidez".
Franco Soto estaba en el equipo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez en el lío de Operación Medusa hasta septiembre del 2022, cuando el caso estaba en la fase preliminar. Según el Ministerio Público, en la Operación Medusa se habrían tumbado más de 6,000 millones de pesos del Estado.
Además, Franco Soto fue el abogado del exsubjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, uno de los principales señalados en el caso de corrupción Operación Coral, donde están metidos militares y policías, y que según el órgano acusador, se tumbó más de 4,000 millones de pesos.
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