La ministra de Interior y Policía ha metido mano y puso sendas querellas contra los comunicadores Ingrid Jorge Pérez y Ángel Martínez Jiménez, alegando que estos han estado regando bochinches falsos sobre su vida privada y su trabajo, todo con la intención de dañar su nombre y honra. Faride Raful, la ministra en cuestión, afirmó que está usando su derecho a buscar justicia y proteger su dignidad, derecho que le toca a todo el mundo, incluso a ella como funcionaria del gobierno.
"Como servidora pública, estoy comprometida con el respeto al estado de derecho, a la justicia y al derecho a la dignidad, que es un derecho fundamental de todas las personas, incluyéndome a mí", expresó Raful cuando la prensa le preguntó después de una reunión de seguridad en el Palacio de la Policía Nacional.
Las querellas fueron llevadas a la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología el pasado viernes, pero se dieron a conocer ayer. Raful está buscando que le paguen 100 millones de pesos en total, 50 millones cada uno, por el daño que dice le han causado en los últimos meses.
Raful dice que estos dos comunicadores han usado sus plataformas digitales para ventilar chismes falsos con la clara intención de afectarla. Según las querellas, las difamaciones se esparcieron a través de Instagram (@ingridjorge) y el canal de YouTube "La Tora TV", donde también están vinculados otros familiares de Jorge, así como el canal @DetectiveAngel, también en YouTube.
Martínez Jiménez vive en Florida, Estados Unidos, pero una medida de coerción, después de ser detenido por otros líos legales similares, lo obliga a quedarse en República Dominicana y no puede viajar.
Raful explica en la querella que Martínez Jiménez no solo dijo que tenía supuestos "videos íntimos" de ella, sino que describió el contenido de manera denigrante y hasta anunció que los iba a compartir. Sobre Ingrid Jorge, Raful dice que ella afirmó tener un supuesto video íntimo y que hasta lo describió gráficamente, incluyendo a otra figura pública, y amenazó con soltarlo si no paraban ciertas acciones legales.
La querella dice que esta conducta es claramente extorsiva, usando un medio masivo para presionar a la víctima. A ambos se les acusa de violar el artículo 44 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad y el honor personal, los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre difamación e injuria a través de medios electrónicos, y el artículo 367 del Código Penal. La ministra es representada por el abogado Miguel Valerio.
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