Un lío se ha armado en el barrio con el caso del colapso del techo en la discoteca Jet Set. El Ministerio Público está acusando a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de ser los responsables de esta tragedia que dejó 235 muertos el 8 de abril. Presentaron 133 pruebas para justificar sus acusaciones.
Este sábado, llevaron el caso ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, buscando una medida de coerción contra estos dos. Están diciendo que es un caso de "homicidio involuntario" porque el techo se cayó y mató a toda esa gente.
Hay un reguero de gente que ha hablado en el caso, 64 personas en total: investigadores, empleados, visitantes, músicos del fallecido merenguero Rubby Pérez, y testigos del desastre. El testigo clave es Gregorio Adames Arias, quien era el que manejaba las reservaciones y las actividades en el Jet Set.
En la acusación, el Ministerio Público presentó 27 pruebas periciales, 38 documentales, cuatro materiales y 145 documentos procesales. El documento es un libro de 128 páginas.
La audiencia para ver qué se va a hacer con estos dos está programada para el domingo 15 de junio, a las 2:00 de la tarde, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público dice que el techo estaba "cargado de forma excesiva" y que le habían metido un montón de cosas pesadas. También dicen que la estructura fue remodelada sin que nadie con conocimiento le echara un ojo ni se pidieran permisos. Y que los problemas con el techo se reportaron días antes del desastre.
La solicitud dice: "Luego de los hechos, responsabilidad de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, al no realizar las debidas diligencias para constatar las irregularidades y evitar el desplome del techo por el peso excesivo que este tuvo por años, comenzaron acciones con la intención de impedir que las informaciones respecto al historial de anomalías que venía presentando salieran a la luz y pudieran afectarlos".
El Ministerio Público quiere que Antonio vaya preso y que Maribel esté en arresto domiciliario. Los están acusando de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que hablan de homicidio involuntario por ser imprudentes o negligentes.
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