Un estudio destapó que la discoteca estaba llena de fallas y remodelaciones a lo loco antes del lío
El Ministerio Público metió 133 pruebas para acusar a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat del desplome del techo en la discoteca Jet Set.
Este sábado por la tarde, los tigres del Ministerio fueron al Palacio de Justicia del Distrito Nacional a pedir que le pongan medida de coerción a esos dos, que están en líos por el presunto lío que dejó 235 muertos el 8 de abril.
Hay 64 testigos que han hablado, entre ellos investigadores, empleados, gente que estaba de visita, músicos de la orquesta del fallecido Rubby Pérez y testigos que vieron el desmadre.
El testigo más duro que tiene el Ministerio Público es Gregorio Adames Arias, el que manejaba las reservaciones y todo el bacanal del Jet Set. Con lo que él diga, quieren clavar a los acusados.
La Fiscalía también tiene 27 pruebas periciales, 38 documentos, 4 objetos y 145 papeles de proceso. Todo eso está en un documento de 128 páginas.
La cita para hablar de la medida de coerción es el domingo 15 de junio, a las 2:00 de la tarde, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En el documento, el Ministerio Público dice que el techo de la discoteca estaba cargado hasta el tope "con múltiples elementos de gran peso".
Las investigaciones dicen que remodelaron el lugar sin pedir permiso ni tener supervisión técnica, y que ya se habían quejado de esos problemas días antes del lío.
La solicitud dice: "Luego de los hechos, responsabilidad de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, al no realizar las debidas diligencias para constatar las irregularidades y evitar el desplome del techo por el peso excesivo que este tuvo por años, comenzaron acciones con la intención de impedir que las informaciones respecto al historial de anomalías que venía presentando salieran a la luz y pudieran afectarlos".
El Ministerio Público quiere que trancan a Antonio Espaillat y que Maribel Espaillat se quede en su casa, pero con arresto domiciliario.
Los están acusando de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que se refieren al homicidio involuntario por imprudencia o negligencia y sus agravantes.
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