Oye, mi gente, déjenme contarles lo que está pasando en nuestro patio. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz se ha convertido en el primer legislador dominicano que cae por narcotráfico. En los últimos cinco años, el tema se ha puesto feo aquí en la República Dominicana, con políticos metidos de lleno en el narcotráfico y el lavado de dinero.
Ya van al menos diez diputados, alcaldes, regidores y exfuncionarios que están bajo la lupa, acusados o ya condenados por estar enredados con el crimen organizado, tanto aquí como afuera. Y el PRM, que es el partido que está en el poder ahora, tiene varios de los suyos en la lista de los señalados por las autoridades en casos bien sonados.
Miren a la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, que el Ministerio Público la acusa de ser clave en lavar más de 4,000 millones de pesos del narcotráfico, dinero que dicen está ligado a su esposo y otros familiares que están en líos desde 2020. En 2023 la mandaron a juicio de fondo.
Y no se olviden de Miguel Gutiérrez Díaz, también del PRM, que lo pescaron en Miami en 2021. Él se declaró culpable y le dieron 16 años de prisión en 2024 por conspirar para mandar más de cinco toneladas de coca a los Estados Unidos.
También están en el ojo del huracán los diputados del PRM Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz, que los están investigando en una de las mayores investigaciones antidrogas que hemos visto en años. Dicen que están metidos en vainas de financiamiento político raro y conexiones con redes de narcotráfico transnacional.
El regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edickson Herrera Silvestre, se entregó a las autoridades gringas en mayo de 2025, acusado de conspirar para traficar cocaína. Lo están acusando en una corte federal de Florida por tres cargos graves de narcotráfico internacional.
Otro que cayó fue Walky Cuevas Charles, del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), arrestado en septiembre de 2024. Lo acusan de ser parte de una red liderada por el presunto narco Junior Santos Restrepo, y dicen que lavó cerca de 300 millones de pesos en los últimos diez años.
En el ámbito municipal, el exdiputado y director de distrito en Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, que primero estuvo con el PLD y luego con el PRM, fue arrestado junto a su hijo en enero de 2025 por supuestamente estar metido en la introducción de 9.8 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto Caucedo.
Y por allá en 2021, extraditaron a Erquidenio Balbuena Agueda, exalcalde de Las Galeras (Samaná), por tráfico de cocaína en Puerto Rico, donde tenía líos por andar en redes de transporte de drogas por el mar.
Esto no solo queda en los cargos electivos; el narcotráfico también ha tocado otras esferas del poder. En 2020, Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas (Azua) y dirigente del PRM, fue extraditado a Estados Unidos. Y en 2025, el general retirado William Durán Jerez, que tenía su rol en seguridad pública, fue acusado en una corte federal gringa de conspirar para distribuir cocaína. Las autoridades dicen que era uno de los supervisores logísticos de la red hacia EE.UU.
El excónsul dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, también cayó en 2022, condenado a 15 años de prisión en Nueva York tras admitir que usó su inmunidad diplomática para mover cocaína por avión y barco.
De todos esos casos entre 2020 y 2025, al menos siete eran del PRM, seguido por el PLD, el PRD y el BIS. Aunque el oficialismo dice que esto muestra que el sistema de justicia está funcionando por su cuenta, tener tantos nombres en el partido gobernante nos hace cuestionar cómo están manejando las candidaturas y el dinero para las campañas.
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