En los barrios de RD, la gente anda medio confundida sobre qué les toca a los dueños de casas y negocios en cuanto a la calle y la acera que tienen al frente. Muchos piensan que eso es de ellos y se dan el lujo de poner conos, bloques de concreto, tubos metálicos y más para que nadie se parque ahí. También se ve mucho que usan ese espacio público para hacer galerías, agrandar marquesinas o montar letreros sin pedir permiso, mientras las autoridades miran pa’ otro lado.
En los barrios, siempre hay pleitos entre vecinos porque algunos no quieren que nadie se parque en su frente, ya sea para reservar el espacio para su carro o porque simplemente no quieren que le tapen la vista.
Pero, la verdad es que no hay ninguna ley que le dé derechos especiales sobre las calles o aceras a los que viven frente a ellas. El derecho de uno termina donde empieza la propiedad privada, y si alguien quiere parqueos exclusivos, debe resolver eso en su propio solar.
La Ley 63-17, que habla de Movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, dice que no se puede parquear frente a entradas de garajes y accesos a iglesias, escuelas, cines, teatros, hospitales, bancos, gasolineras y lugares donde haya actos públicos.
Además, el artículo 144 de esa ley prohíbe tirar basura y otras cosas en la vía pública, y si lo haces, te toca pagar un salario mínimo del sector público.
En casos de zonas para carga y descarga, los conductores deben respetarlas, pero estas deben ser puestas por el ayuntamiento con señalización oficial.
Un ejemplo de esto está en la avenida Barney Morgan (La Central), entre los barrios 24 de Abril y ensanche Espaillat, en el Distrito Nacional, donde encontrar un espacio libre es casi imposible. Casi todos los negocios bloquean su frente con varios obstáculos.
Uno de esos negocios es Moli Muebles, donde ponen tres conos para que no se parquee nadie en toda la fachada. La encargada, Inocencia Coste, dice que nunca han recibido visita de ninguna autoridad para hablar del tema. "Los ponemos porque los empleados y los dueños tienen vehículos. Cuando llegan, se estacionan y quitamos los conos. No es el día entero", explica.
Más adelante, en la Lavandería Reyes, una empleada cuenta que el dueño puso bloques de concreto en el pavimento para garantizar espacio a sus clientes.
Leidy Núñez, quien trabaja en una tienda de antigüedades en la misma zona, dice que su jefe tomó medidas parecidas después de tener problemas con la gente del caserío que está detrás del local.
Un truco común entre los negocios es parquear vehículos a ambos lados del local, dejando libre el espacio del medio, pero no es suficiente para que otro carro se estacione.
La Digesett tiene la responsabilidad de evitar obstrucciones en la vía pública, mientras que los ayuntamientos deben velar por el uso adecuado de las aceras. La Ley 176-07 le da poder a los cabildos para hacer ordenanzas sobre tránsito y estacionamiento.
Esta ley también dice que es una infracción muy grave impedir que otra persona use un espacio público o dañarlo, con multas que van de cinco a 100 salarios mínimos.
La Ordenanza 1/2021 del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) prohíbe cualquier forma de obstaculización, estrechamiento, fragmentación o modificación de aceras frente a propiedades. La idea es garantizar un recorrido peatonal seguro y continuo.
José Sanz, director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos del ADN, dice que su departamento trabaja todos los días quitando obstáculos y responde primero a las denuncias de la gente. "Les damos prioridad a las personas que presentan una queja, porque son situaciones más apremiantes que las que encontramos al pasar", aclara.
Aunque hay leyes, por años muchos dueños han ocupado aceras para agrandar sus casas o poner escaleras, sin que los ayuntamientos hagan nada. En lugares como el ensanche Espaillat, esto se ha vuelto normal: lo que eran pasos peatonales ahora son galerías, y en las calles estrechas se mezclan carros y peatones.
La invasión ha sido tanta, que hasta algunas escaleras metálicas en forma de caracol están puestas directamente en la calle.
En otros barrios de la capital, muchas empresas marcan sus parqueos con líneas naranjas sobre las aceras, como si fueran de ellos, obligando a la gente a caminar por la calle.
Aunque es ilegal, esta práctica se ha vuelto común en todo el país, afectando la movilidad, la seguridad peatonal y el acceso equitativo al espacio público.
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