Ramón Ramírez, el director de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, está pidiendo que la zona sea convertida en municipio para mejorar su autonomía, gestión de servicios y planificación urbana. En Verón–Punta Cana, el crecimiento y la expansión no han esperado por decretos. Las urbanizaciones están que se multiplican, la gente es cada vez más variada y los problemas son más grandes que las soluciones que hay.
Ramón Ramírez, conocido como Manolito, lleva más de diez años al frente de la Junta Distrital y está convencido de que este polo turístico todavía funciona con estructuras que no van acorde con la realidad de hoy. Por eso, él sugiere que la mejor solución es convertir esta área en un municipio sin más demora, para poder organizar, administrar y proyectar un lugar que ya tiene tiempo viviendo como ciudad, aunque sigue siendo un distrito.
En una conversación con Diario Libre, Manolito explica cómo la falta de autonomía limita el acceso a servicios del Estado, reduce la capacidad de inversión pública y complica la planificación urbana. Y para aquellos que están asustados con esta idea, Ramírez les responde con números, propuestas y una visión compartida de desarrollo para toda La Altagracia.
—¿Por qué usted cree que Verón–Punta Cana debe ser un municipio, más allá de los temas legales o de población?
Entiendo que Verón–Punta Cana necesita ser municipio para tener su autogestión, administración y poderse planificar como territorio. Pero, al mismo tiempo, ser un municipio conlleva que tengamos muchas dependencias del Estado que facilitarían la operatividad de cada uno de los ciudadanos. Hablo de que podamos tener oficinas de Obras Públicas, de Inapa, Agricultura, Medio Ambiente y distritos escolares independientes al de Higüey, así como lo tiene San Rafael del Yuma. Y tendríamos también una auto independencia para planificar la parte de los estudios de nuestros niños, entre otras cosas importantes. Igualmente, que junto a nuestros concejales podamos evaluar nuestro plan de ordenamiento territorial y determinar la categorización del uso de suelo, sin ninguna injerencia de personas que no viven en nuestro territorio y lo desconocen.
—Algunos en Higüey dicen que esta separación les afectaría mucho económicamente. ¿Qué les diría y qué tipo de transición propone para que no haya problemas entre comunidades hermanas?
Se ha generado cierta desinformación con relación al ciudadano. Pero Higüey lo que debe hacer es una evaluación de costos de su estructura operacional, verificar qué le faltaría para tener una gestión de servicios de calidad, y al mismo tiempo ser un poco más eficiente en los cobros de arbitrios. Higüey crece todos los días, y eso le puede permitir tener una gestión de cobranza del uso de suelo eficiente, como establece la ley. En Higüey, cuando se verifican los ingresos, son prácticamente nulos o no existen esas recaudaciones. En ese sentido, se crea una distorsión. Se afirma que Higüey es una ciudad dormitorio, pero ese dormitorio le genera más de 1,300 millones de pesos al mes, de lo que cobran los trabajadores que viven en Higüey, quienes gastan, compran, usan luz, supermercados, alquileres... de todo. Ese dinero que ganan en la hotelería lo invierten, y es lo que genera el verdadero dinamismo económico en Higüey. Y cuando se verifica la cantidad de casas de cambio que hay en Higüey, verás que son muchas más que las que tenemos en Verón, porque esos trabajadores se llevan tres, cuatro y cinco dólares y euros diarios, y los cambian en esos negocios.
—¿Qué impacto concreto tendría la municipalización en la gestión de servicios básicos, seguridad ciudadana y planificación urbana de Verón?
Lo más importante de nuestra zona, en términos de seguridad, es que el ayuntamiento se encarga de la iluminación de los sectores. Sin embargo, recientemente hemos tenido que suspender estos trabajos porque, en algunos meses, nuestros ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Tan pronto podamos retomar la recaudación, y que esos 115 millones de pesos que pagamos en consumo de energía eléctrica se reduzcan o se eliminen, podremos reinvertir esos fondos en seguir iluminando la ciudad. Pero, a su vez, esos ingresos van a generar un aumento en las obras de infraestructura de nuestra zona. Y, sobre todo, para mejorar nuestros servicios, porque a medida que vayamos creciendo más, tendremos también mayor capacidad económica para responder a las demandas de nuestros munícipes. Por ejemplo, hay residenciales a los que se les otorgan permisos de manera rápida, y aunque se supone que deben cumplir con requisitos como la construcción de aceras, contenes y el manejo adecuado de las aguas negras (residuales), en la práctica no se les exige nada. Como resultado, muchos de estos proyectos, una vez construidos o vendidos, trasladan esos problemas a la alcaldía. Si fuéramos un municipio con independencia plena, podríamos establecer con mayor claridad las reglas y exigir su cumplimiento desde el inicio.
—¿Cree que este debate ha sido manejado con madurez política y suficiente diálogo entre las partes, o ha habido posiciones extremas que dificultan el consenso?
Entiendo que este debate debió ser en una mesa de diálogo, con la sensatez y la experiencia ya vivida, y evitar estos dimes y diretes que pueden generar incertidumbre en los nuevos inversionistas. Pero, al mismo tiempo, también crear dudas y confusiones en la población, cuando es una ley y es un mandato que hay que cumplir de manera obligatoria ambas instituciones.
—¿Qué mensaje le envía al liderazgo político de Higüey y al Gobierno Central respecto a lo que está en juego con este debate?
Con el liderazgo de Higüey, mi posición es la misma que he mantenido siempre. Pienso que todavía hay tiempo para que busquemos una solución conjunta, apropiada, y debe ser en la mesa del diálogo. Y al Gobierno Central, pienso que debe tender una mano amiga y compensar de cierta forma los recursos que Higüey no pueda percibir. O crear las condiciones de acompañarnos para que ambas municipalidades puedan ser autosuficientes y puedan gestionar y dar servicios de calidad a la población. Porque nadie quiere afectar a la provincia La Altagracia ni a los munícipes. Debemos ser sensatos, porque, al final, si la provincia está en esta situación, eso puede poner en riesgo el turismo y a los inversionistas.
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