Las vainas serias van a ser castigadas con parar la transmisión hasta por 90 días y multas que van desde 30 hasta 200 sueldos mínimos. El presidente Luis Abinader mandó el viernes 2 de mayo al Senado un proyecto de ley pa' regular la libertad de expresión y los medios digitales con la nueva Ley Orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales.
Tan pronto se supo el chisme, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que esta propuesta la hicieron entre un corillo de la sociedad civil, medios de comunicación y unos tigueres duros en leyes, pa' crear un marco legal moderno y democrático.
El proyecto dice que no se puede censurar antes de que la gente hable, y cualquier restricción debe tener un propósito legítimo dentro de una sociedad democrática. También reafirma que los medios tienen derecho a buscar info sin que se les discrimine, pa' que haya transparencia y variedad en lo que se informa.
Según el documento, esta ley va a regular la libertad de expresión en todas sus formas, cuidando todos los derechos relacionados con la comunicación y el periodismo, según las reglas dominicanas de acceso a la información. También establece cómo proteger los derechos de todos los involucrados en buscar, recibir y difundir ideas y datos.
"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole", dice el artículo 3 del Capítulo 1. Además, el artículo 4 dice que "El ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley". Cualquier limitación a este derecho debe tener un objetivo legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática.
El texto resalta que "Toda persona tiene derecho a ser protegido respecto de las injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegítimos a su honra o reputación".
La ley también reconoce que todo el mundo tiene derecho a internet sin importar su condición social, económica y geográfica, pa' asegurar que se pueda disfrutar bien de la libertad de expresión e información, y otros derechos básicos. El Estado va a trabajar pa' que todo el mundo tenga acceso al internet de buena calidad y a buen precio.
En el Capítulo II, artículo 6, dice que "la libertad de expresión incluye los derechos a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión".
Los funcionarios, políticos, candidatos y gente que esté en la palestra pública tienen que aguantar más críticas de la sociedad.
En el Título II, capítulo 1, artículo 11, la nueva ley dice que no se puede presionar ni castigar a periodistas y comunicadores por lo que informan. Tienen derecho a trabajar sin que el Gobierno o grupos privados se metan.
No se puede restringir la libertad de expresión usando controles oficiales o privados de periódicos, equipos de comunicación, concesiones de publicidad, frecuencias de radio y televisión, o acceso a Internet.
Todas estas reglas también aplican a redes sociales y buscadores que tengan más del 10% de los usuarios dominicanos de internet.
La publicidad y la propaganda deben ser claras pa' los usuarios. Las plataformas solo serán responsables si no quitan contenido problemático después de que un juez lo ordene.
Sobre menores de edad, la ley dice que hay que cuidar su privacidad y no publicar nada que pueda perjudicarlos o identificarlos.
En casos donde haya crímenes o procesos judiciales con menores, los medios no deben difundir sus datos personales. Solo se podrá mostrar su imagen en casos de secuestro si las autoridades lo ven necesario.
El proyecto también habla de crear el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como una entidad del Estado, con su propia autonomía y responsabilidad de proteger la libertad de expresión e información.
El Inacom va a estar bajo el Ministerio de Cultura y podrá imponer sanciones por violaciones a esta ley. Además de las sanciones administrativas, los proveedores de servicios audiovisuales y plataformas digitales estarán sujetos a las leyes comunes.
Las conductas graves incluyen limitar la libertad de expresión o el acceso a la información, difundir contenido suspendido, no cumplir con requerimientos de información pública, y reincidir en infracciones. Las sanciones pueden ser suspender la transmisión hasta por 90 días, eliminar contenido que viole la ley sobre menores, y multas de 30 a 200 salarios mínimos. Las infracciones leves recibirán llamadas de atención y multas de 2 a 10 salarios mínimos.
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