Oye, mira esta vaina que salió: Dicen que en Inaipi, Senasa y las EDE se pagaron sobornos. La compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) le dio dinero a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de luz del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur) entre 2012-2020 y 2020-2025.
La gente del Ministerio Público está investigando esta vuelta de corrupción y lavado de dinero. "Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos", eso lo dice el documento donde piden medidas contra los que metieron mano.
El expediente asegura que Senase, que es de un tal Quilvio Bienvenido Rodríguez, era el centro de una red criminal que se dedicaba a dar sobornos y esconder dinero sucio de contratos públicos que consiguieron de manera corrupta. "Como hemos indicado, la estructura operaba mediante la entrega sistemática de sobornos a funcionarios públicos con poder de decisión en los procesos de contratación...", así lo dice el Ministerio Público.
El expediente también dice que "estas dádivas aseguraban la adjudicación, renovación y continuidad de los contratos de seguridad privada en instituciones como Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)...". Al parecer, el jefe de seguridad ahí era un tipo llamado Francisco Guarín Fernández Vásquez.
Senase se formó el 16 de noviembre de 1998, y el dueño mayoritario es Quilvio Bienvenido Rodríguez González, con un 94% de la compañía. Los demás socios son su esposa y sus hijos. Según el Ministerio Público, entre 2014 y 2024, Senase movió RD$7,247,384,166.99.
"Es un hecho probado con los elementos de prueba que reposan en el presente escrito...", que entre un 5% y un 10% de lo que ganaban lo usaban para sobornos, que suman entre RD$362,369,208.35 y RD$724,738,416.70, para asegurar contratos de manera ilegal.
Los cargos que les están poniendo a Senase caen bajo la Ley núm. 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley Núm. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para diez militares y civiles por corrupción en la Operación Lobo, que usaban sobornos para conseguir contratos de seguridad en instituciones públicas.
Entre los que quieren meter presos están el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, coroneles como Andrés Pacheco Varela y Francisco Guarín Fernández, y otros tipos. También están pidiendo que el caso se declare complejo. La investigación empezó por una denuncia que llegó desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
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