El comunicador tiene un lío grandísimo encima, con varias medidas de coerción, entre ellas un grillete y no puede salir del país. Ángel Martínez Jiménez tiene que ir este jueves de nuevo pa' un tribunal, porque le tienen otra solicitud de medida de coerción, ahora por la querella que le metió la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Faride es parte del corillo de gente que, cada quien por su lado, ha demandado al comunicador por difamación e injuria. Por otros líos —el más reciente fue el lunes pasado— ya le pusieron medidas de coerción, como el grillete electrónico, no poder salir del país y una garantía económica de tres millones de pesos.
En cuanto a la querella de Raful, el fiscal Merlin Mateo Sánchez, que trabaja en la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), está pidiendo una garantía económica de dos millones de pesos en efectivo; que no pueda salir del país y que se presente periódicamente.
En la misma querella de Faride Raful también están detrás de Ingrid Altagracia Jorge Pérez, alias "la Torita", pero según chismes del Ministerio Público, a la Torita le van a hacer su propio proceso aparte.
Raful está pidiendo una indemnización de 100 millones de pesos contra los dos comunicadores porque dice que los comentarios que ellos hicieron en sus redes le han afectado su vida privada. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, va a conocer la querella de Raful contra los dos comunicadores.
Este miércoles, los abogados de Martínez dijeron que su cliente es "víctima" de una "persecución judicial". Carlos Mesa y Hamilton Brito dijeron que Martínez está comprometido a ir a todas las citaciones judiciales, pero advirtieron que "se está orquestando un plan" para llevarlo a diferentes audiencias por casos que, según ellos, están relacionados. Hicieron un llamado al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, para que meta mano y arregle lo que ellos llaman un "entuerto jurídico".
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