A partir de septiembre de 2025, si las instituciones del Estado no llegan a 85 puntos en sus evaluaciones de portales de transparencia, van a estar en problema, según dijo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) este jueves. Esto es parte del decreto No. 166-25.
La jefa de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, explicó en una nota de prensa que el decreto dice que los servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades de transparencia, según la "matriz de responsabilidad informacional", no van a recibir la compensación extra.
Además, las metas de transparencia van a estar en los acuerdos de desempeño de cada servidor público, sumando 16 puntos a su evaluación total. Los departamentos de recursos humanos de cada institución tienen que incluir estas metas, bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Digeig va a repartir la "matriz de responsabilidad de aplicación de la Ley No. 200-04" a los órganos y entes del Poder Ejecutivo, quienes tienen que llenarla y devolverla en 30 días laborables, junto con los criterios para asegurar la transparencia activa y pasiva.
Un punto importante es que el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) será obligatorio para recibir, manejar y seguir las solicitudes. La matriz de responsabilidad informacional detalla qué información se debe publicar, quién la da, cuándo y cómo debe entregarse, y quién es el encargado de subirla al portal, incluyendo los plazos. Esta info tiene que estar en formatos accesibles como Excel, PDF o documentos físicos.
La Digeig va a distribuir esta matriz a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo, que deben completarla y devolverla en el plazo mencionado.
Ortiz Bosch destacó que esta nueva regla es clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. "La Ley No. 200-04 establece el derecho que tiene el ciudadano a conocer el gasto y las inversiones de las estructuras públicas. Darle seguimiento permanente a esta ley, obliga también al Gobierno a servir los datos de manera eficiente y que puedan ser reutilizados por los ciudadanos", dijo Milagros.
Finalmente, advirtió que romper cualquiera de las reglas de esta normativa puede traer castigos administrativos, según la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 41-08 de Función Pública, incluyendo inhabilitación para ejercer cargos públicos y hasta cárcel.
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