Oye, mira cómo es la vaina: El juez Rigoberto Sena puso a los diez tigres en arresto domiciliario por estar metidos en un lío de corrupción que le tumbó más de 100 millones de pesos al Estado. El procurador adjunto Wilson Camacho, que está al mando de la persecución de la corrupción, dijo que esto apenas comienza y que podría venir una nueva fase del caso, a la que le pusieron nombre de "Operación Lobo 2.0".
"Este es solo el inicio. La estructura que desmantelamos con la Operación Lobo no actuaba sola. Hay indicios suficientes que nos podrían llevar a una segunda etapa del caso", soltó Camacho. Él también se quejó de cómo el Poder Judicial maneja los acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados. "Desde el Poder Judicial se predica en teoría la importancia de los acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica se toman decisiones que podrían desincentivar estos mecanismos de colaboración", dijo.
El lío es que cinco de los diez panas aceptaron que estaban en el trote y colaboraron, pero el tribunal les metió el mismo arresto domiciliario que a los que no aceptaron nada. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, hizo eso con los diez implicados en la supuesta red de corrupción que rompieron con la Operación Lobo. Estos tigres están acusados de conseguir contratos millonarios de seguridad privada en instituciones del gobierno a cambio de sobornos.
En la audiencia, cinco de ellos dijeron que sí, que estaban en eso, y por eso el Ministerio Público cambió su pedido de prisión preventiva por algo más suave. Los que aceptaron el lío son:
Según el expediente, estos panas eran parte de un grupo que movía sobornos para asegurar contratos con instituciones como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi. Los otros cinco que no se echaron pa'lante, pero que igual están en arresto domiciliario, son:
La Operación Lobo arrancó después de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que está bajo Milagros Ortiz Bosch. Las investigaciones llevaron a 15 arrestos después de unos allanamientos al mismo tiempo en el Distrito Nacional y Santiago.
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